Compartimos el noveno informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA).
I. ANTECEDENTES
1. El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia se presenta ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04), que establece “instruir al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad permanente para contribuir al logro de los valores y principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana”.
II. INTRODUCCIÓN
2. En el marco de sus labores de verificación la MAPP/OEA ha identificado un complejo panorama en las regiones, el cual deberá ser enfrentado con decisión a fin de que nocomprometa el proceso de desmovilización, desarme y reinserción de las Autodefensas. Bajo este escenario, no se debe dejar de reconocer que debe valorarse positivamente lo hasta ahora ocurrido enlos siguientes aspectos: el impacto directo en la disminución de los índices de violencia en importantes zonas del país, el comienzo de la llegada del Estado a los territorios, el retorno de comunidades que fueron expulsadas por los paramilitares, así como la reconstrucción del tejido social en poblaciones que se encontraban bajo el dominio del grupo armado irregular.
3. Para la MAPP/OEA la etapa post desmovilización está en un momento crucial. La dinámica actual puede desencadenar un proceso de verdad y justicia que se dirija a terminar con elparamilitarismo en las regiones, permitiendo la reconstrucción del Estado. O, por el contrario, puedeconducir a una profundización de la influencia del paramilitarismo asociado al narcotráfico. Para evitar esto último es vital el fortalecimiento de la institucionalidad, el proceso de reinserción de los excombatientes y una decisiva respuesta de la Fuerza Pública al surgimiento y expansión de las estructuras armadas ilegales.
4. La presencia y actuación de diversos grupos ilegales en diferentes regiones del país continúa constituyendo uno de los principales riesgos para la consolidación del Proceso de Paz. Algunos de estos grupos estarían siendo liderados por comandantes de las autodefensas que no se acogieron al llamamiento del gobierno para participar en el proceso, mientras que otros reflejan la alianza entre antiguos paramilitares y narcotraficantes. En el mismo orden, se registra la participación de mandos medios de las autodefensas dirigiendo nuevas estructuras armadas ilegales. Las operaciones de estos grupos continúan afectando gravemente a la población civil, principalmente a los grupos vulnerables como mujeres, niños, afro-descendientes e indígenas.
5. En el mismo orden, el estado del proceso de reinserción es objeto de una seria preocupación por parte de la MAPP/OEA. La tardanza en el fortalecimiento de las instituciones encargadas del tema sumada a la limitada capacidad operativa y cobertura actual del Programa, entre otros factores, se erigen como obstáculos para asegurar la reinserción socioeconómica de los desmovilizados. Un débil proceso de reinserción, a su vez, impone serios riesgos al Proceso de Paz en su conjunto, toda vez que no previene el reclutamiento de desmovilizados por parte de las nuevas
estructuras ilegales, lo cual se está registrando en diferentes regiones del país.
6. Por otra parte, se han observado avances positivos en el Proceso de Paz. En ese sentido, ha comenzado a emerger parte de la verdad, develándose la influencia paramilitar en la vida política, económica y social de las regiones. Más de 40.000 víctimas, a pesar del temor y las amenazas, han iniciado una lucha para reclamar sus derechos, y las instituciones y organizaciones de la sociedad civil han comenzado a responder.
7. Colombia está construyendo un proceso que deslegitima el fenómeno de las autodefensas. Se descubren sus relaciones con políticos y funcionarios de instituciones del Estado.Esta dinámica, incluso, ha comprometido sectores económicos nacionales e internacionales como sucede con la multinacional Chiquita Brands.
8. Hay que resaltar que este escenario surge en el marco de la desmovilización de un grupo armado irregular que contaba con más de 30,000 integrantes y 18,000 armas. Como consecuencia, se ha comenzado incipientemente a recomponer la institucionalidad y las comunidades han comenzado lentamente a recuperar la confianza, a revalorar su pasado e intentar cambiar el futuro.
III. LAS TENDENCIAS DEL REARME Y LA SEGURIDAD EN LAS ZONAS DE LAS
DESMOVILIZADAS AUTODEFENSAS
9. Luego de siete meses de finalizado el proceso de desarme y desmovilización, la MAPP/OEA, en el marco de las labores de verificación del desmantelamiento de la estructura militar de las AUC y el seguimiento del orden público, identifica un complejo escenario en algunas regiones de Colombia (Nariño, Chocó, Putumayo, entre otras). En estos territorios, la población no parece percibir un cambio sustancial en las condiciones de seguridad, debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas ilegales, ligadas a economías ilícitas, con capacidad armada de intimidación y control.
10. El surgimiento de estas estructuras y la permanencia de reductos1/, se han ubicado en un continuo entre la atomización y el intento de monopolio de la ilegalidad. Por un lado, se trataría de estructuras independientes con asociaciones bastante laxas y colaboraciones informales y fluidas, sin alianzas duraderas concretas. Por el otro, de una organización en el que toda actividad estaría controlada por una estructura jerarquizada que domina y regula las economías ilícitas de los distintos territorios.
11. A la Misión le preocupa la información relacionada con una presunta intención por parte de algunos ex comandantes, de seguir manteniendo el control sobre las economías ilícitas en las zonas donde operaban. Esta presunción surge de un importante número de entrevistas y testimonios proporcionados por ex integrantes de las AUC, incluyendo desde miembros que desempeñaban la función de patrulleros hasta comandantes de bloques. No obstante, lo encontrado en las regiones por la MAPP/OEA, hasta el momento, no corresponde a la perspectiva de una única estructura.
12. Luego de la elaboración del Octavo Informe, la Misión comenzó a percibir cambios fundamentales en la dinámica de las denominadas bandas emergentes. Estas alteraciones han sido identificadas a partir del trabajo en el terreno de las Oficinas Regionales y el Equipo Móvil y se podrían sintetizar en los siguientes puntos:
A. Surgimiento de alianzas y articulaciones bajo liderazgos definidos
13. La presencia de articuladores (mandos medios y algunos ex comandantes que no han respondido al llamado del gobierno de acogerse a la Ley de Justicia y Paz) en los niveles regionales y locales se ha hecho más evidente. En varias zonas comenzó a recibirse información de la influencia de los comandantes que no se acogieron al llamamiento del Gobierno, especialmente Vicente Castaño y Ever Veloza (2) (“Hernán Hernández” o “H.H”).
14. En el departamento del Meta y los Llanos orientales es donde más claramente seaprecia esta tendencia; liderazgos como los de alias “Cuchillo”, ex comandante del frente Héroes del Guaviare, y por otra parte, alias “Don Mario”, antiguo aliado de Vicente Castaño, marcan la dinámica del conflicto que actualmente se vive en la zona. De igual manera, en esta región se configuran otros liderazgos como los de alias “Martín Llanos”, comandante de las Autodefensas Campesinas de Casanare no desmovilizado y alias “Diego” quien reorganizó un nuevo reducto al norte del Casanare en límites con Vichada y Arauca.
15. En otras regiones la dinámica ha estado determinada por la alianza entre antiguos paramilitares, especialmente del Bloque Central Bolívar (BCB) y narcotraficantes del Norte del Valle. Esta situación se puede observar en el sur del país en departamentos como Nariño y Putumayo. Grupos como los “Rastrojos”, “Mano Negra” y “Organización Nueva Generación Colombia”, en el departamento de Nariño, sur del Cauca y Putumayo, son los que en mejor forma describen esta dinámica. El narcotráfico adquiere un papel determinante, permitiendo a estas estructuras expandirse y fortalecerse militarmente con el objetivo de obtener o preservar un control social y económico.
16. Continúa la influencia del desmovilizado Bloque Norte, tal como lo mencionó la Misión en el Octavo Informe. Luego de la captura de alias “Salomón” – Miguel Villarreal Archiva -por parte de la Policía, existen incertidumbres sobre la suerte de la poderosa organización que éste dirigía, la cual amalgama distintas facciones criminales alrededor de la costa atlántica, especialmente en sectores del Cesar, Magdalena, Atlántico y la Guajira.
B. Estructuras de mando en la clandestinidad
17. En la dinámica actual se observa una participación activa de algunos mandos medios de las desmovilizadas autodefensas, quienes en ciertas zonas continúan dirigiendo las estructuras ilegales. Hasta ahora su identificación ha sido difícil ya que algunos de ellos no figuraron en las desmovilizaciones, o si lo hicieron, aparecieron con otros rangos.(3)
18. Los mandos medios más reconocidos han sido los del antiguo Bloque Norte.Nombres como alias “Alejandro o 101”, “Tolemaida”, “Codazzi” que desde la clandestinidad persisten en su accionar armado, y los asesinados “Omega”, “Jimmy”, y “Rambo”, son un prueba clara de la permanencia de ex combatientes de rango medio que han continuado liderando estructurasarmadas ilegales.
19. En el norte del Cesar, a pesar de la desmovilización de las estructuras paramilitares, se presume la presencia de varios mandos medios, que son los responsables del sostenimiento de las redes de inteligencia y vigilancia, así como de la administración de los negocios ilícitos –específicamente en Valledupar-. La tendencia muestra un reordenamiento de algunos desmovilizados de las autodefensas, más concretamente del frente Resistencia Motilona, en la Jagua de Ibirico, quepretenden asumir nuevas formas de operar e incursionar con más fuerza en los escenarios económicos y sociales.
20. Luego de la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas en Urabá, progresivamente, se ha venido recibiendo información de reductos que se quedaron en la zona, así como la aparición de estructuras armadas, lideradas por ex comandantes de las autodefensas y con participación de la población desmovilizada. Esta dinámica ha generado presiones sobre los ex integrantes de las autodefensas para que se vuelvan a vincular, lo cual ha derivado en el asesinato de varios de ellos.
C. Reclutamiento y alta movilidad de los desmovilizados
21. En las zonas de retorno de los desmovilizados de las autodefensas se han registrado presiones a éstos para que hagan parte de estructuras ilegales. Generalmente, un mando medio rearmado o que lidera un reducto, convoca a los miembros de su estructura para que se integren. Este reclutamiento va mediado por una amenaza de muerte. Lo anterior ha resultado en el retorno de algunos ex combatientes a la ilegalidad, desplazamientos y homicidios de otros y una alta movilidad entre zonas. Dentro de los territorios más vulnerados por esta práctica se encuentran Cesar, especialmente Valledupar, Norte de Santander – Cúcuta -, y la región de Urabá.
22. La dinámica de reclutamiento ha generado también una alta movilidad entre zonas. La Misión ha recibido información y testimonios sobre buses que transportan desmovilizados hacia diferentes puntos del país: de Córdoba hacia la Sierra Nevada; de Bogotá para ser entrenadas en Tolima; del Urabá para el Norte del Valle y el Sur del Chocó; la llegada de “costeños” a los Llanos Orientales; el arribo de “paísas” al Putumayo; así como traslados de ex integrantes del BCB del Bajo Cauca al sur de Córdoba. También se han reportado desplazamientos intra-urbanos en ciudades como Medellín, que igualmente responderían a esta dinámica.
D. Adaptabilidad y flexibilidad en el Modus Operandi de las estructuras ilegales emergentes
23. Las estructuras armadas ilegales que han emergido se caracterizan por una notable adaptabilidad y flexibilidad. Su capacidad de auto – organización, les permite moldearse al entorno que las rodea y las contiene. Hay que tener en cuenta que los liderazgos de estas estructuras son muy volátiles y las posibilidades de ascenso muy flexibles – generalmente mediadas por el uso de la violencia -. Ante el homicidio o la captura de un comandante rápidamente asciende uno nuevo que repite el mismo modelo y forma de operar. Incluso, la renovación de los mandos puede ser impulsada desde adentro, por una segunda línea que quiera ascender y tener el control de la estructura armada.
24. En este sentido, las traiciones y venganzas son usuales. Muestra de esto son los homicidios de mandos medios que, como “Omega”, seguían teniendo control sobre la ilegalidad en la zona. También hay que mencionar el asesinato de alias “Pedro” quien dirigía la estructura denominada “Nueva Generación” en Nariño, cuya responsabilidad recaería en miembros de esta organización.
25. Esto plantea un escenario complejo para la Fuerza Pública, ya que sus acciones producen un impacto en las estructuras ilegales pero no logran su desarticulación. De acuerdo con lo observado por la MAPP/OEA en las regiones se repite el siguiente ciclo:
26. De esta manera sucedió en el Sur de Córdoba. En el mes de febrero de 2006, luego de que la Misión reportara la verificación de la existencia de un estructura rearmada en el corregimiento de Tierradentro en el municipio de Montelíbano – denominada “Vencedores de San Jorge “-, se realizó un consejo de seguridad, en cabeza del Ministro de Defensa y la cúpula militar. Cinco días después de este encuentro, el Ejército tuvo un combate con la facción ilegal en la vereda el Tambo corregimiento de Puerto Anchica – donde fueron dados de baja 3 presuntos paramilitares, dos de ellos reportados como N.N -. Después de esta única acción, todas las personas que hacían parte del grupo rearmado de autodefensas se retiraron del área bajando su perfil. Diez meses más tarde, en el segundo semestre de 2006, la MAPP/OEA tuvo noticia de que en este mismo territorio volvió a aparecer un grupo que ahora se hace llamar las “Águilas Negras” pero que en realidad serían los mismos “Vencedores de San Jorge”. El reclutamiento en la zona ha sido muy visible, y se habla de la influencia de hombres que llegaron de Caucasia (antiguos integrantes del Bloque Central Bolívar).
27. A pesar de los asesinatos de alias “Andrés” desmovilizado del Bloque Córdoba, alias “Omega” del Bloque Norte, alias “JJ” del Bloque Central Bolívar, alias “Camilo” del Bloque Catatumbo, alias “Monje” del Frente Héroes de los Andaquies, además de la presunta desaparición de alias “Danielito” del Frente Héroes de Granada, se puede inferir que nuevos mandos asumieron en forma inmediata la dirección de estas estructuras emergentes.
E. Afectación de poblaciones y comunidades vulnerables: niños, mujeres, afro descendientes e indígenas
28. Las dinámicas regionales ligadas al surgimiento, fortalecimiento y expansión de las nuevas estructuras ilegales han afectado a las poblaciones y comunidades más vulnerables. La violencia contra las mujeres continúa siendo utilizada como estrategia de guerra por los actores armados del conflicto en su lucha por controlar territorios. La vulneración del núcleo familiar en Acción de la Fuerza Pública contra la estructura ilegal Repliegue Reorganización Fortalecimiento Expansión, aquellas áreas en donde operan las estructuras rearmadas y reductos es evidente. Los niños y niñas en las zonas de rearme o de permanencia de reductos se han visto afectados principalmente por el reclutamiento forzado por parte de diversos grupos armados ilegales. Esta práctica continúa en las regiones, sin que se tenga una certeza de la cantidad de menores que se han integrado a las filas.
29. Es importante mencionar que las mujeres han aparecido como protagonistas en la organización de las víctimas y el reclamo de sus derechos. Organizaciones como la IMP (Iniciativas de Mujeres por la Paz) – una alianza de la que hacen parte 22 organizaciones de mujeres – y las Madres de la Candelaria, entre otras, tienen un papel principal en el contexto de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Líderes como Yolanda Izquierdo, asesinada por desconocidos en Córdoba, se han convertido en símbolos de las personas que persiguen justicia y reparación.
30. Las comunidades indígenas también se han visto afectadas. En la Sierra Nevada de Santa Marta las poblaciones que más expuestas se encuentran a la vulneración de sus derechos, son los indígenas. Los índices más altos se encuentran, especialmente, entre los Kankuamos, los Kogui y los Wiwa. En el norte del Chocó han sido afectados con bloqueos de alimentos y amenazas los indígenas Embera-Katíos; en el sur los Waunaan. En el Tolima, la acción de los grupos armados irregulares ha afectado principalmente al pueblo indígena Pijao y sus resguardos Totarco Dinde y Zaragoza Tamarindo que están asentados en el municipio de Coyaima.
31. Los territorios donde se encuentra la población afro colombiana también se han convertido en zona de disputa y asentamiento de algunas de las organizaciones armadas al margen de la ley, tal como sucede en el pacífico (departamentos del Chocó, Cauca y Nariño) y en el caribe (departamentos de Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre). Tal vez la situación más crítica se encuentra en el norte del Chocó, y la zona costera del departamento de Nariño, donde han sido vulnerados los territorios colectivos de las comunidades afro colombianas. En estas zonas, donde estas comunidades lograron la legalización de sus tierras, muchos habitantes han tenido que desplazarse, ante las amenazas de los actores armados al margen de la ley.
F. Copamiento de áreas dejadas por las autodefensas por estructuras del narcotráfico
32. Algunas prospectivas respecto a los escenarios de post – desmovilización apuntaban a que la guerrilla iba a copar los territorios de las desmovilizadas autodefensas. No obstante, las dinámicas regionales muestran que las ofensivas realizadas por la insurgencia son más bien escasas y que por el contrario, otras estructuras al servicio del narcotráfico han empezado a ejercer control en las regiones donde tenían presencia las AUC.(4)
33. Se han comenzado a recibir versiones sobre la creciente presencia de narcotraficantes del Norte del Valle, especialmente en la costa pacífica, Putumayo y Caquetá. También de alianzas para ocupar territorios y corredores para el cultivo, procesamiento y transporte de drogas ilícitas, como viene ocurriendo en los Llanos Orientales, donde están asociados ex comandantes de las autodefensas que no se acogieron al proceso. En el sur del Cesar la disputa entre estructuras rearmadas se viene dando por el control de rutas hacía la frontera venezolana y la costa atlántica.
34. La relación de cada una de las agrupaciones armadas ilegales o reductos no desmovilizados con el narcotráfico es cada vez más evidente. Una cuestión notable es la escasa confrontación entre estas estructuras y la guerrilla. Más allá de algunos enfrentamientos en Nariño y Meta, la disputa entre organizaciones irregulares no parece darse por ahora. Incluso, en algunas regiones se han comenzado a generar alianzas que no tienen en cuenta las motivaciones ideológicas o políticas.
35. Los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá y sur del Chocó(5) son los que en mejor forma describen este panorama. En la Guajira las estructuras de narcotraficantes siguen consolidándose en el negocio y la tendencia muestra claramente ciertas alianzas estratégicas, entre grupos armados irregulares en torno al tráfico de drogas. (6)
IV. RESPUESTA DEL ESTADO
36. La Misión ha participado de manera activa en el mecanismo de seguimiento creado por el Gobierno, mediante la presencia en dos reuniones – febrero y marzo – con el Vicepresidente, el Ministro de Defensa, el Programa de DDHH y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así como los altos mandos de Policía y las Fuerzas Armadas. En estos encuentros, la MAPP/OEA expuso sus preocupaciones sobre las
tendencias del rearme. Es importante destacar que tras la implementación de este mecanismo, el Gobierno ha dado respuestas efectivas al surgimiento y permanencia de estructuras armadas al margen de la ley, configurándose como instrumento clave para el monitoreo del proceso.
37. A partir del segundo semestre del año 2006 se evidenció un crecimiento de operativos y resultados por parte de la Fuerza Pública en contra de las estructuras ilegales y reductos de las autodefensas. Según el último Informe de la Policía Nacional, de Control y Monitoreo de los desmovilizados, entre 2006 y 2007, se reportó la captura de 1.095 miembros de las “Nuevas Bandas Emergentes”, de los cuales 193 son desmovilizados, lo que representa el 17% del total de capturados. Esto significa que la composición de estas nuevas estructuras cuenta en una medida importante con nuevos integrantes que han sido reclutados, además de los miembros de las autodefensas que no hicieron parte de la desmovilización.
38. Entre las operaciones más importantes cabe destacar las realizadas en contra de las estructuras ilegales que operan en los departamentos de Caquetá, Norte de Santander, Magdalena y Antioquia, donde se logró la captura y/o la muerte en combate de personas que se encontraban dentro de la estructura de mando de estas organizaciones. En el Caquetá el Ejército entró en combates en octubre de 2006 con la estructura autodenominada Bloque Antisubversivo del Sur y dio de baja a Juan Carlos Monje quien lideraba dicha agrupación.
39. En Norte de Santander las autoridades conformaron un Cuerpo Elite de Búsqueda integrado por 120 hombres del Ejército, la Policía, la Fiscalía, el DAS y el CTI, con el fin de contrarrestar el crecimiento de las “Águilas Negras”. Se destaca la aprehensión en diciembre del 2006 de Máximo Cuesta Valencia alias “Sinaí”. Las estructuras armadas ilegales del departamento de Magdalena han sido las más afectadas por la captura de los mandos medios. De las cuatro facciones que operan y conviven en el área, se ha producido la captura de los cabecillas de tres de ellas.(7)
40. La captura más significativa que se ha producido hasta el momento es la de Ever Veloza, alias HH, en abril de 2007 – quien se desmovilizó como miembro representante del Bloque Bananero -. Luego de evadir el llamado del Gobierno para ser recluido en la cárcel de Itagüí junto con los demás comandantes de las AUC, Veloza reconformó una estructura armada ilegal que opera en el Urabá Antioqueño y el departamento del Meta. Según declaraciones del Ministro de Defensa, alias «‘HH” no tendría ningún tipo de beneficio en cuanto a la Ley de Justicia y Paz y sería juzgadopor la justicia ordinaria.
41. Es necesario destacar el hecho que la Policía Nacional se estableció en 107 corregimientos y veredas del territorio nacional en el período cubierto por este informe. El objetivo de estas estaciones rurales es contrarrestar el accionar de grupos ilegales en estas poblaciones.
42. Después de lo reportado por la MAPP/OEA en el Octavo Informe, referente a la presunción de permeabilidad en las instituciones públicas por parte de estas estructuras armadas ilegales, se sigue recibiendo información en ese sentido. Estas informaciones se han dado a conocer al Gobierno Nacional en las reuniones de seguimiento.
43. La Misión ha manifestado, ante las más altas autoridades del Estado, su preocupación por la inclusión de desmovilizados de las AUC en la red de cooperantes. La participación de ex combatientes en este mecanismo ha generado ciertas confusiones y creado una imagen, en algunas comunidades, de una posible connivencia con la Fuerza Pública. Especialmente en los casos en que la población es capaz de identificar antiguos paramilitares y actuales grupos rearmados, se ha manifestado inquietud frente al proceso de desmovilización y desarme.
X. LA REINTEGRACIÓN DE LOS EXCOMBATIENTES
44. Con el tránsito del PRVC (Programa para la Reincorporación a la Vida Civil) del Ministerio del Interior a la Alta Consejería para la Reintegración, el proceso de reinserción de más de 30.000 ex combatientes se ha visto afectado. La tardanza en el fortalecimiento de las entidades responsables en el tema, la indefinición e incertidumbre respecto de cómo se reestructurará el Programa y la falta de articulación de la oferta nacional con las administraciones municipales y el sector privado, son las principales dificultades en la implementación de la oferta.
45. Uno de los avances más destacados fue la expedición del decreto 395 por medio del cual se reglamenta la Ley 418 de 1997. Esto tiene repercusiones muy importantes para el proceso ya que con esta nueva reglamentación, se pretende establecer disposiciones con las cuales se responda a las necesidades de la población desmovilizada y permitan lograr su reintegración social y económica sin límite de tiempo.
46. Lo anterior apunta a fortalecer institucionalmente a las regiones a través de los Centros de Referencia y Oportunidades (CROs) y las entidades competentes en el tema, así como el trabajo con las comunidades. La creación de nuevos centros de referencia y el fortalecimiento de los ya existentes apunta a la necesidad de tener personal técnico con alta capacidad de gestión. Sin embargo, hasta la fecha, la Misión ha visto que el funcionamiento de los CROs, la apertura de nuevos y la ejecución de las Brigadas de Cierre de Brecha de Servicios (8) han enfrentado algunos obstáculos, afectando los resultados esperados.
47. Las Brigadas se han visto impactadas por dinámicas ligadas a las amenazas de estructuras armadas ilegales a los reinsertados y el traslado de algunos desmovilizados a otros departamentos. Así mismo, en algunos casos la MAPP/OEA ha verificado que los beneficiarios no cuentan con información respecto de los cambios en el programa, e incluso no saben del cronograma de las próximas jornadas de cierre de brecha de servicios.
48. A la aún limitada capacidad operativa y cobertura que está teniendo el Programa, se suma a la dificultad en establecer claridad en las cifras. En general, existe un problema que tiene que ver con el desfase entre el número de desmovilizados reportado por el Gobierno, y el número de ubicados por parte de la Policía. La información suministrada por algunas autoridades locales dista de la información real. No hay claridad respecto al número de beneficiarios, su ubicación ni su movilidad.
49. Los dos temas que más preocupan son los proyectos productivos y la ayuda humanitaria, beneficios muy importantes para los desmovilizados. De un lado, la MAPP/OEA ha verificado en términos generales, que se continúa con la sensación dentro de la comunidad, que el programa no asegura la reinserción socioeconómica de los beneficiarios, lo que a su turno podría derivar en que éstos tiendan a reincidir en actividades ilegales.
50. Las asociaciones que se han creado para el desarrollo de estos proyectos, no han sido suficientemente capacitadas para hacer propuestas sostenibles ni viables para cada región. Se percibe una falta de oportunidades que ha generado migraciones de desmovilizados y contribuido al abandono del programa e inclusive la muerte y detención de desmovilizados, ya sea porque forman parte de grupos ilegales o por involucrarse en actividades delictivas.
51. De otro lado, las expectativas generadas por la extensión de la ayuda humanitaria -derivada de la expedición del decreto 395 – han ocasionado un efecto negativo en algunas zonas por el no pago. A alrededor de 1.096 desmovilizados provenientes de los bloques Catatumbo, Bananero, Calima, Mojana y Córdoba ya se les suspendió el pago de la ayuda humanitaria y hasta la fecha no han recibido el desembolso de la extensión.
52. Por otra parte, los beneficios que ofrece el Programa en materia de educación y salud, tienen más del 60% de cobertura. Sin embargo, esto preocupa en la medida que muchos de los beneficiarios, a pesar de estar en el programa por casi más de dos años, aun no reciben estos beneficios.
53. Frente a este panorama, la Alta Consejería, no sólo tiene que enfrentar críticos desafíos sino que tiene en sus manos la oportunidad de mostrar otro horizonte a más de 30.000 ex combatientes. En este sentido, de manera inmediata, esta institución debe extender la cobertura a todos los beneficiarios y a sus familias de los servicios básicos, como salud, educación, documentación y atención psicosocial. En el mediano y largo plazo debe garantizarles alternativas en las que puedan generar ingresos a través, por ejemplo, de la sostenibilidad de los proyectos productivos; de lo contrario, el mercado de la violencia, que aún sigue activo, puede volverse su
única opción.
VI. APLICACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
54. Durante el período correspondiente al presente informe, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, ha registrado avances. Esta evolución, se ve reflejada en el inicio de los procesos judiciales contra diversos desmovilizados postulados a la Ley 975, actividades descentralizadas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, organización de la Procuraduría y Defensoría Pública, e iniciativas institucionales. Éstas últimas, aunque poco articuladas, propenden a la difusión de la ley y al conocimiento de los mecanismos para la participación de las víctimas dentro del proceso judicial.
55. El sometimiento de los desmovilizados a la justicia constituye la materialización de la propuesta gubernamental de judicialización de los ex combatientes, lo cual ha generado diversas reacciones en la sociedad colombiana.
56. En este último periodo, el proceso de implementación de la Ley de Justicia y Paz, ha atravesado etapas difíciles, como cuando los jefes de las ex autodefensas fueron concentrados en la prisión de máxima seguridad de Itagüí. Sin embargo, estas dificultades en el proceso de implementación de la Ley fueron superados luego de diversas reuniones entre autoridades del gobierno, partes involucradas y afectados, en la que la MAPP/OEA tuvo un papel de articulación ymediación.
57. Asimismo, el proceso de implementación de la Ley de Justicia y Paz ha atravesado momentos lamentables como el asesinato de las representantes de las víctimas Yolanda Izquierdo y Carmen Santana, y el de Judith Vergara, defensora de derechos humanos que había dado seguimiento a versiones libres rendidas en la ciudad de Medellín. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su repudio frente a estos asesinatos y hará público un informe con recomendaciones al Gobierno de Colombia sobre el derecho de las víctimas del conflicto a participar del proceso en condiciones de seguridad.
A. Fiscalía General de la Nación
58. Durante los últimos seis meses, la Fiscalía General de la Nación se concentró en el impulso de los procesos penales, principalmente convocando a las víctimas de los hechos delictivos cometidos por desmovilizados postulados y llamando a estos últimos a rendir versión libre.
59. La Fiscalía ha venido publicando en medios de comunicación radiales y escritosregionales y locales, así como en su página de Internet, los edictos emplazatorios de cada uno de los postulados a la ley que ya han rendido versión libre o deberán hacerlo en los próximos meses. Paralelo a lo anterior, algunos fiscales de la Unidad de Justicia y Paz han realizado jornadas informativas con víctimas para ponerles en conocimiento de sus derechos en el marco de la Ley de
Justicia y Paz, y para que se hagan parte en los procesos.
60. En cuanto a las diligencias de versión libre, hasta la fecha varios desmovilizados han comenzado a rendir su declaración, entre los que se destacan: Salvatore Mancuso, José Baldomero Linares (a. “Guillermo Torres”), Juan Francisco Prada (a. “Juancho Prada”), Wilson Salazar Carrascal (a. “Loro”), Iván Roberto Duque Gaviria (a. “Ernesto Báez”), Jhon Mario Salazar (a. “ElPecoso”), y Carlos Mario Montoya Pamplona (a. “Arbolito”).
61. Sobre el desarrollo de esta actividad judicial – en la cual la Fiscalía General ha invertido uno de sus mayores esfuerzos- cabe destacar el compromiso observado por parte de los Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, sus equipos de trabajo y de su Coordinador en el desarrollo de la tarea. Su estrategia de división del trabajo, de acuerdo con bloques o grupos en los que estaban conformadas las AUC, parece ser, hasta el momento, una estrategia adecuada para el conocimiento de los procesos y la recopilación de las pruebas.
62. En todo caso, con base en lo declarado, y ante la existencia de vacíos o contradicciones, en los meses que siguen, la Fiscalía General de la Nación enfrenta el gran desafío de verificar la información obtenida y complementarla a través de otros elementos de prueba. Bajo este marco, la Misión cree necesario alertar sobre la necesidad de reforzar los esquemas de protección para los fiscales y sus equipos de investigación, así como los recursos humanos y logísticos con que cuenta esta institución. En el mismo sentido, preocupan las limitaciones para tramitar el gran volumen de denuncias de víctimas y de solicitudes de beneficios jurídicos de la Ley 782 de 2002 por parte de los desmovilizados.
63. Hasta el momento, para un mejor desarrollo de las tareas a su cargo, la Fiscalía General de la Nación, ha reglamentado la diligencia de versión libre a través de dos resoluciones. La primera, la Resolución 3998 de diciembre de 2006, donde estableció las directrices para el procedimiento de recepción de la declaración; y la segunda, la Resolución 387 de febrero de 2007 donde se encuentran las pautas para el procedimiento de transmisión de la audiencia de versión libre.
64. La Fiscalía ha venido realizando la exhumación de los cadáveres localizados en diversas fosas comunes encontradas, gracias a información recibida dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz. El hallazgo de numerosas fosas comunes(9), se erige como uno de los desafíos más importantes en la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas.
B. Tribunales de Justicia y Paz
65. La Corte Suprema de Justicia seleccionó a los ocho integrantes que conforman los dos Tribunales de Justicia y Paz en Barranquilla y Bogota, los cuales, sin embargo, hasta la fecha no asumen funciones. El Consejo Superior de la Judicatura ha expedido diversos acuerdos diseñando la estructura de estos tribunales. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, ha señalado que la falta de recursos y elementos logísticos hacen imposible a la Corte el conocimiento de estos casos. Por su lado, el Presidente de la Corte, se dirigió al Ministro del Interior manifestando que se designará una comisión encargada de formular propuestas para resolver los problemas estructurales de la Sala.
C. Nueva normatividad del proceso
66. En este período se han expedido varios decretos reglamentarios de la Ley 975. En los últimos seis meses, se expidió el Decreto 4417 de diciembre de 2006 que modifica el Decreto 2898 de agosto de 2006, al establecer que no es necesaria una ratificación previa del postulado para acogerse a la ley, sino que será suficiente que en la diligencia de versión libre se le interrogue al respecto y manifieste su voluntad de hacerlo. Este Decreto, a su vez, modifica el 4760 de diciembre de 2005, reemplazando el plazo de 6 meses que éste tenía previsto para la realización de las actuaciones preliminares a la diligencia de versión libre, por el establecimiento de un plazo razonable. Esto último otorga a los Fiscales una mayor flexibilidad en cuanto al tiempo durante el cuál pueden recabar información relevante previa citación al postulado a rendir su versión libre.
67. Además, se expidió el Decreto 3391 de septiembre de 2006 donde se reglamentaron diversos aspectos de la Ley 975 de 2005 y se modificaron algunas medidas consagradas en el Decreto 4760 de diciembre de 2005. Dentro de los aspectos regulados se encuentra que dentro del objeto y ámbito de aplicación de la ley se excluyó el aparte del Decreto 4470 de diciembre de 2005 donde se establecía que éste abarcaría las conductas delictivas realizadas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo, cometidas antes del 25 de julio de 2005. También, se regularon las circunstancias en las cuales se revocará el beneficio de la pena alternativa, se identificaron quienes son los titulares de la obligación de reparación a las víctimas y cuáles son los mecanismos para reclamar tal derecho, entre otros. Así mismo, este Decreto permite que el tiempo durante el cual los desmovilizados permanecieron en las zonas de ubicación, se tenga en cuenta como término de efectiva privación de libertad al momento en el que deban cumplir con la pena alternativa.
68. Finalmente, a través del Decreto 315 de febrero de 2007, el Ministerio reglamentó la intervención de las víctimas durante la etapa de investigación en los procesos de Justicia y Paz. En esta norma se establece que la víctima podrá participar en todas las etapas procesales, directamente o a través de apoderado, y que en caso de que no cuente con los servicios de un abogado particular podrá solicitar a la Defensoría del Pueblo la asignación de un defensor público, previa presentación sumaria de la necesidad. Además, se establecen de manera detallada todos los derechos de las víctimas y los mecanismos a través de los cuales éstas podrán demostrar el daño sufrido.
D. Víctimas en el proceso de Justicia y Paz
69. Las instituciones encargadas de implementar la Ley de Justicia y Paz, han realizado acciones para promover la participación de las víctimas en el proceso judicial establecido en la Ley 975 de 2005 y para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en el marco de los mismos.
70. Es así como, en especial, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las Personerías municipales, han jugado un rol activo en la recepción de los formularios de denuncia de hechos delictivos y en la realización de jornadas de capacitación a la población en general sobre los derechos de las víctimas y las alternativas de actuación que tienen dentro del marco de la ley.
71. Se ha tenido conocimiento que un número considerable de víctimas ha decidido no participar en el proceso de Justicia y Paz aduciendo que no cuentan con los mecanismos de protección suficientes. Este hecho no sólo constituye una alerta de la situación de estas víctimas, sino que debe servir también como generador de acciones concretas destinadas a acompañar y proteger sus vidas. La toma de medidas apropiadas en este sentido, serviría para brindar a las víctimas la oportunidad real que les sean satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación; así como para proveer a las autoridades de información crucial para el mejor desarrollo de las
investigaciones.
72. Luego de un entusiasmo inicial, y en buena parte como consecuencia de lo anterior, se ha visto reducida la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre. Esto es negativo para el desarrollo de las investigaciones, pues si las víctimas no se encuentran presentes en el momento de la confesión, se pierde la oportunidad para que éstas realicen las preguntas, aclaraciones y observaciones sobre lo relatado por el desmovilizado, y por esta vía, complementar la información sobre conductas delictivas.
73. Se ha verificado que algunas víctimas están siendo asesoradas por abogados inescrupulosos que les cobran por entregarles el formulario, el cual es gratis; les hacen firmar poderes con amplias facultades incluyendo las de sustituir, recibir y transigir; y les exigen amplios porcentajes de la reparación como honorarios por sus servicios.
74. A pesar de los esfuerzos por difundir los derechos de las víctimas, todavía existen varios grupos de personas y regiones del país donde es necesario una mayor capacitación de la población y mayor presencia de la Defensoría del Pueblo. Una mayor presencia de la Defensoría del Pueblo garantizará que aquellas víctimas que no cuentan con un abogado particular, puedan obtener asesoría técnica en el curso del proceso.
E. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
75. Durante el espacio de tiempo que cubre el presente informe, se ha observado que la CNRR ha presentado una importante dinámica, referida fundamentalmente a sus actividades realizadas a nivel nacional. En ese sentido, ha efectuado diversas actividades con organizaciones sociales a fin de sensibilizar y motivar la organización de víctimas, coadyuvar a la visibilidad de su problemática, y ensayar la formulación de propuestas de agenda pública a favor de las mismas.
76. La CNRR ha fomentado encuentros regionales tendientes a fortalecer la participación de las víctimas en los procesos judiciales. Se realizó una Mesa Regional de Víctimas en el Municipio de Corozal, y se llevó a cabo la Primera Jornada de Atención a Víctimas en Medellín. Para ello, la CNRR conformó una Brigada Interinstitucional de atención a víctimas conformada por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Personerías, entre otras. De la misma manera ha propiciado reuniones con víctimas, para la entrega de denuncias, por parte de ellos, directamente a la Fiscalía y fomentar la presencia local de la CNRR en barrios receptores de víctimas de la violencia.(10) De igual
manera, ha sostenido reuniones con víctimas de grupos indígenas de las etnias Kankuama, Wallu, Wiwa, entre otros, donde se escucharon propuestas de reparación, tendientes a elaborar una agenda futura que comprenda el tratamiento de este tema desde la perspectiva indígena.
77. Dentro de las acciones tendientes a la descentralización de sus actividades, la CNRR ha inaugurado una sede regional en Bogotá que atenderá a las víctimas de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. Instaló una sede en Sincelejo, Sucre que iniciará el proceso de investigación de los casos de reparación colectiva en la zona de San Onofre y el Salado; también en Bucaramanga, la cual atenderá a las víctimas de los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca y las subregiones de sur de Bolívar, Magdalena Medio y norte de Boyacá.
78. Como producto de su despliegue institucional, la Comisión ha realizado seis consultas sociales en Sincelejo (Sucre), Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Paipa (Boyacá).Las consultas, en las que participan delegados de organizaciones de víctimas, autoridades locales y regionales, organismos del estado y organizaciones internacionales, constituyen una herramienta esencial para evaluar la percepción, que sobre la ley, tienen los diferentes estamentos de la sociedad ydel Estado, a la vez que sirve de espacio para dar a conocer las funciones de la CNRR y explicar el procedimiento legal de la Ley 975 y el acceso de las víctimas a la justicia.
79. Con el propósito de evaluar las condiciones de seguridad, con las que cuentan las víctimas del conflicto armado en el departamento de Córdoba, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), se ha reunido en Montería, con autoridades regionales y del orden nacional.En repetidas ocasiones la CNRR ha expresado su preocupación por la falta de garantías para que las víctimas puedan reclamar, sin ningún temor, sus derechos a la verdad, justicia y reparación.
F. Procuraduría General de la Nación (PGN)
80. La Procuraduría, a través de la Resolución 171, creó un grupo de trabajo al interior de la Procuraduría Delegada en Asuntos Penales. Su función principal es la de intervenir ante autoridades judiciales y administrativas que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo de las políticas públicas en materia de justicia y paz a las cuales se refiere la Ley 975. Estos Procuradores Delegados también tramitan las solicitudes de indulto de los desmovilizados de acuerdo a la Ley 782 de 2002.
81. La Procuraduría, presentó el informe de actividades desarrolladas durante el año 2006. Entre los logros más relevantes, se destacan: la capacitación de 216 funcionarios de la PGN, Magistrados y auxiliares del Tribunal Superior para la Justicia y la Paz y la puesta en marche del proyecto “El papel de los jueces de paz en los procesos de reinserción y derechos de las víctimas” como un mecanismo destinado a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales originados por el proceso de reinserción y desplazamiento.
82. En una de las acciones más relevantes de la Procuraduría, en carta enviada por el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, al defensor del pueblo, Wolmar Pérez Ortiz, anotó que en el desarrollo de las diligencias de versión libre que se adelantan en Medellín y Barranquilla, el Ministerio Público ha tenido conocimiento de que numerosas víctimas de estos grupos armados se han presentado ante la Fiscalía sin contar con representación judicial. El víctimas, como la ocurrida en el departamento de la Guajira, para participar en la Brigada de Información, que realizó la Unidad Nacional de Justicia y Paz de Fiscalía General en Riohacha, Maicao y Urbilla.
Procurador anotó que en reiteradas ocasiones ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo dicha situación, y exigió la creación de un grupo de trabajo encargado –entre otras funciones – de la de representar judicialmente a las víctimas y de asesorarlas y orientarlas en la reclamación de sus derechos
G. Defensoría Pública
83. La Defensoría del Pueblo comenzó a hacerse presente en las versiones libres, dando cumplimiento a la Resolución 1113. Esta institución conformó una unidad especial que tratará los temas relativos a Justicia y Paz.
84. La Defensoría ha señalado que sólo siete desmovilizados solicitaron ser atendidos por un defensor público. En los siete casos, los defensores ya fueron nombrados. En este sentido es importante anotar, que la Defensoría del Pueblo avanzó en la selección y capacitación de veinte defensores públicos.
85. La Defensoría del Pueblo viene orientando a víctimas individuales a través de las seccionales y regionales; por medio de asesorías, las dirige en rutas jurídicas para la restitución de bienes. Además, ha realizado dos programas de asistencia a víctimas, uno en el Oriente Antioqueño y otro en Montes de María, junto con el programa de “Redes Territoriales” con el fin de acercarse a las víctimas. Una de las funciones centrales fue explicar el tema de la reparación integral y realizarcapacitaciones en Derechos Humanos y DIH.
86. La Defensoría del Pueblo, ha expresado en comunicados oficiales, que el reclutamiento de menores es un delito de lesa humanidad que deben confesar los paramilitares en las versiones libres y que no hay una política clara en el manejo de los menores desvinculados como víctimas, así como la necesidad que se haga justicia en sus casos. También presentó a la opinión pública, el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
VII. INICIATIVAS DE APOYO A LAS COMUNIDADES EN EL MARCO DE LA VERIFICACIÓN
87. La Misión ha priorizado en las regiones, el apoyo a la implementación de iniciativas que incluyen el acompañamiento a las comunidades víctimas de la violencia. Estas poblaciones organizadas, primariamente a partir de sus liderazgos naturales, pueden y deben cumplir un papel relevante en la reconstrucción de los territorios afectados por la violencia.
88. En este sentido, el apoyo y capacitación a la población desmovilizada en su reintegración a la vida civil, adquiere especial importancia. Asimismo, se están desarrollando estudios sobre temas relacionados con el DIH, tales como el desplazamiento intra-urbano en comunas. En el mismo orden, la recopilación de la memoria de resistencia pacifica en comunidades indígenas arhuacas, en la Sierra Nevada de Santa Marta intenta sistematizar, desde la misma
población indígena, una de las experiencias más valiosas en este sentido. La integración de género, la consolidación y sistematización de la experiencia de líderes en los métodos pacíficos de resolución de conflictos y el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana, son todos ellos espacios de trabajo y desafíos fundamentales del mandato.
89. Estas iniciativas han contribuido al acercamiento de las instituciones con las comunidades. Se trata, muy especialmente, de valorar el potencial que las comunidades naturalmente poseen, su cultura, su historia y su memoria. Desde ahí, acompañar y apoyar todas aquellas acciones que ellas mismas y sus líderes estén dispuestas a emprender. De esa manera, no se vulnera su identidad ni sus valores; sino que, a partir de éstos, se fortalece su propia capacidad de resolver los problemas, ligadas progresivamente a la institucionalidad.
90. A través del apoyo a las iniciativas locales se está fortaleciendo a las comunidades en el manejo de resolución de conflictos. De manera incipiente, los pobladores están asumiendo un mayor manejo de su realidad y realizando un aporte de gran significación a la pacificación. El conocimiento y la práctica de los derechos humanos constituyen uno de los ejes básicos de estefortalecimiento.
91. En cuanto a la experiencia del Programa de Conciliadores en Equidad, se rescata especialmente, el haberse convertido en un espacio donde la participación ciudadana se hace una realidad. Una experiencia valiosa que puede servir de referente para el perfeccionamiento de la base del sistema de justicia en las zonas rurales de Colombia. Este programa constituye uno de los mejores ejemplos que confirman que se puede y se debe apoyar a las comunidades afectadas por la violencia. De esta tarea conjunta de apoyo entre la Misión, las instituciones y los líderes naturales de esos territorios, es posible construir caminos de pacificación, basados en la justicia y la
reconciliación.
92. La generación de confianza entre las comunidades, que carecieron de apoyo del Estado, y las instituciones, es una de las labores más importantes que desarrolla la Misión; labor en la cual, en períodos posteriores a la desmovilización y desarme, signados por la desconfianza y el temor, el apoyo internacional juega un papel relevante.
VIII. CONCLUSIONES
93. Los espacios, oportunidades y desafíos que se abren a las instituciones y sociedad colombiana a partir del desarme y desmovilización de las AUC, son de enorme magnitud.
94. Los descensos de los índices de violencia, la organización de las víctimas en procura de sus derechos de reparación, el incipiente despunte de la verdad y el retorno de comunidades desplazadas, son sólo algunos de los grandes temas que se derivan del desarme y desmovilización.
95. El momento que vive Colombia es crucial. O se consolida progresivamente el Estadoen vastas áreas del territorio y con ello la lucha contra la ilegalidad; o se recicla la violencia con nuevas formas y modalidades.
96. La reintegración de los desmovilizados, el fortalecimiento de las instituciones y el apoyo a las comunidades constituyen tareas indelegables que deben ser respaldadas por el apoyo internacional.
97. Los fenómenos de reagrupamiento o rearme de desmovilizados, constituyen un alerta en ese sentido. Si bien es cierto que la Fuera Pública ha dado muestras de voluntad y acción contra estas estructuras ilegales, aún se requiere un mayor y contundente esfuerzo.
98. El Estado colombiano está realizando esfuerzos considerables para restablecer la institucionalidad en los territorios de violencia. Hace falta completar este avance con las otras instituciones básicas que aseguren progresivamente un mayor ejercicio de los derechos a las comunidades.
99. El comienzo de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz abre posibilidades no exentas de peligros. Las versiones libres de desmovilizados generan expectativas y permiten avanzar sobre el conocimiento judicial y social de la verdad. Más de 40.000 víctimas en toda Colombia se aprestan a reclamar sus derechos. Las instituciones judiciales tienen sobre sí un crítico desafío.
100. Las versiones libres, especialmente de jefes desmovilizados, recién han comenzado y se espera su continuidad y culminación, superando los obstáculos y dificultades que las han retrasado. Las víctimas deberán tener mayor apoyo y seguridad para que puedan ejercer sus derechos sin amenazas y sin violencia. Las instituciones judiciales responsables de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, trabajan muchas veces en precarias condiciones, lo que pone en riesgo la consecución de sus labores.
101. Los diálogos que lleva adelante el Gobierno con el ELN, los cuales han generado esperanzas en el conjunto de la sociedad colombiana y en la comunidad internacional, deben considerarse como parte sustantiva de un todo: la voluntad de los colombianos por construir los caminos de la paz con justicia, verdad y reconciliación.
102. La Secretaría General reafirma su apoyo a las iniciativas de paz del Gobierno y del pueblo colombiano e insta a los países y organizaciones internacionales a redoblar los esfuerzos para consolidar las metas alcanzadas hasta ahora y los desafíos derivados de ello, especialmente, el respaldo a las instituciones judiciales, a las víctimas, a las comunidades afectadas por la violencia y a los esfuerzos en los diálogos de paz con las demás organizaciones armadas al margen de la ley.
1 El término «reductos» hace referencia a facciones de las autodefensas que no hicieron parte de la desmovilización.
2 Capturado por la Fuerza Publica en el departamento de Antioquia en abril de 2007.
3 Las estimaciones de las AUC sobre el número de mandos medios exceden las 3,000 personas.De este total, de acuerdo con la información de algunos ex comandantes, no se cuenta con información sobre el10%.
4 Para el narcotráfico, la incursión en una zona se hace de manera mucho más rápida que la guerrilla,sobre todo cuando se tiene al personal con la experiencia en el manejo de la economía ilícita en la zona.
5 En el sur del Chocó, en los municipios de Istmina, San José del Palmar y Puerto Meluk, es muy claroque se produjo un traspaso de la “franquicia” del Bloque Pacifico de las autodefensas al grupo los “Machos” bajo el liderazgo del narcotraficante Diego Montoya. Asimismo, en el municipio de Sipí y la cuenca del río San Juan hacia la costa pacifica, el grupo los “Rastrojos” al mando de Wilber Varela, es quien ha copado estas áreas incluso planteando confrontaciones armadas directas contra las FARC, que tendría la misma intención.
6 Cada estructura armada tiene un servicio que ofrecer (almacenamiento, seguridad de rutas, transporte, embarques de droga, sicariato, entre otras).
7 a) Facción del Centro del Magdalena: Dic/06 Saul Severini y Dairo Alberto Laino Scopetta; b) Águilas Negras: Enero/07 Juan Hipólito Mejia a. “Caucasia o 7.7” y Marzo/07 captura de Edgar Ariel Cordoba a “5-7”, Norberto
Quiroga Poveda a. “5-5”, y Jose Daniel Mora a “101”; c) Familia Rojas: Ene/07 Adan Fairuth Rojas a. “Adancito” y
Marzo/07 captura de Adan Rojas a. “Negro Rojas” (hijo y padre respectivamente).
8 La Alta Consejería para la Reintegración ejecuta con la colaboración de varias entidades del Estado y de la OIM, estas jornadas de acercamiento a la población desmovilizada para recoger información sobre el estado actual de sus beneficios, con relación a la documentación especialmente, aunque también averiguan su situación en materia salud,
educación, apoyo psicosocial, ayuda humanitaria y proyectos productivos. Estas brigadas están dirigidas a losdesmovilizados individuales o colectivos, independientemente si salieron o si aún permanecen en el proceso, además, sin excepción, todos firman un acta de compromiso que les permitirá continuar en el proceso de reintegración.
9 De acuerdo con la información de la Fiscalía, las diligencias de exhumación realizadas entre marzo 20 de 2006 y mayo 5 de 2007, por la Unidad para la Justicia y la Paz, arrogan los siguientes resultados: 704 cadáveres encontrados, 188 identificados preliminarmente, 42 identificadas plenamente.
10 En otras actividades, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- CNNR ha realizado jornadas de sensibilización y socialización como en Pasto e Ipiales.
