La negociación política del conflicto armado y la búsqueda de la Paz, son imperativos que el movimiento social y de derechos humanos de Colombia ha buscado y trabajado desde su mismo nacimiento. Construir un país distinto, incluyente, democrático y justo, social, económica y políticamente, son planteamientos comunes en las misiones y visiones de estas organizaciones.

Para la sociedad civil defensora de derechos y tejedora de paz, superar la permanente y sistemática crisis humanitaria y de derechos humanos en todo el territorio nacional, se convirtió desde hace tres décadas, en el gran desafío cotidiano. Por ello, los acuerdos para iniciar un proceso de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, constituye un hecho político plausible para el momento histórico que vive el país y la región latinoamericana. Saludamos también el buen recibo que ha tenido en el ELN esta iniciativa y su disposición a integrarse en un amplio proceso de solución política que pueda generarse.

Se trata de un hecho político relevante, siempre que se pretenda una salida estratégica que ponga fin a un conflicto armado que tiene causas profundas a nivel socioeconómico y político. Por esta razón, las versiones sobre el acuerdo inicial de no levantarse de la mesa de diálogo hasta culminar en una negociación definitiva, sería un indicador de la responsabilidad de país con la que las partes hasta ahora involucradas han asumido ese proceso. Ello ayudará a restablecer la confianza perdida por la opinión pública, y también advertiría de la real voluntad política que pondrían tanto el gobierno como la guerrilla en ese propósito.

Independientemente del arduo camino que falta por recorrer y las muchas iniciativas que entrarán a participar en esta búsqueda por alcanzar la tan anhelada paz para Colombia,  advertir un drástico giro en el contexto político nacional, donde establecimiento y la insurgencia se la han jugado a fondo por la guerra y la militarización de la vida; es sin duda un momento político crucial que abre caminos diferentes para el país, lo que respaldamos como humanistas y defensores de la vida digna.

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Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA

Bogotá, agosto 30 de 2012