Históricamente en el departamento del Cauca, los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos han consolidado un movimiento social de base con relevancia nacional, que alcanza protagonismo en tiempos de protesta, movilización y lucha. El Paro Nacional, que inició el pasado 28 de abril, tiene como protagonistas a grupos de jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos y afrodescendientes que se han movilizado por los campos y ciudades del departamento reclamando sus derechos, en el marco de una de las crisis económicas, sociales y humanitarias más intensas que en los últimos años ha vivido el país.

El recrudecimiento del conflicto en el departamento y las consecuencias de la mala gestión del Gobierno Nacional de la crisis humanitaria por el COVID-19, han profundizado los problemas sociales que ha enfrentado el departamento históricamente. Las razones por las cuales los caucanos y las caucanas se han tomado las calles y las vías para manifestarse son numerosas y variadas: la violencia que genera la presencia de actores armados legales e ilegales, la crisis del sistema de salud, la reforma tributaria, el desempleo juvenil, el anuncio del Gobierno Nacional del reinicio de las aspersiones con glifosato, el incumplimiento de la implementación del Acuerdo Final y el asesinato de líderes y lideresas sociales.

Incluso antes de que se declarara el inicio del Paro Nacional, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- había iniciado las movilizaciones, declarando una Minga Indígena hacia adentro, por el asesinato de Sandra Peña, gobernadora y lideresa ambiental del Resguardo La Laguna, Caldono. En Popayán, capital del departamento, las manifestaciones fueron multitudinarias, se concentraron mujeres, indígenas, campesinos, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales; sin embargo, durante las jornadas de protesta se presentaron excesos por parte de la fuerza pública y graves violaciones a los derechos humanos de quienes se manifestaban.

Durante la primera jornada de protesta, el 28 de abril, se movilizaron al menos unas 30.000 personas y se reportaron agresiones físicas por parte del ESMAD que dejaron 23 personas heridas y 4 detenidas. Las manifestaciones que se desplazaban por las carreteras del departamento con destino a Popayán, para unirse a la movilización, fueron atacadas con gases lacrimógenos y balas. Adicionalmente, en los puntos de concentración establecidos en El Cairo, Cajibío y El Tablazo, Toribío, hubo intimidaciones por parte del Ejército Nacional y sobrevuelos de helicópteros. Las organizaciones sociales denunciaron el uso de armas blancas (machetes) por parte de la Policía Nacional para atacar a quienes se manifestaban. Cabe anotar que el 3 de junio tras una acción de tutela, el Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Popayán prohíbe al ESMAD el uso del Sistema Lanzador de Munición No Letal “Venom” en esta ciudad, con el propósito de proteger la integridad de las y los manifestantes.

El 12 de mayo dos jóvenes menores de 17 años denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual en la ciudad de Popayán por parte de miembros de la Fuerza Pública. Uno de los casos tomó reconocimiento a nivel nacional tras el suicidio de una de las jóvenes, después de ser víctima de la agresión sexual por parte de agentes del ESMAD en el marco de su detención en la Unidad de Reacción Inmediata. Los hechos fueron narrados y denunciados por la joven en sus redes sociales, antes de tomar tan lamentable determinación.

Ante esto, el 14 de mayo las calles de Popayán se llenaron de personas indignadas que reclamaban justicia en el caso de la joven y exigían que cesara la represión policial y la violencia de género por parte del ESMAD y la Policía en contra de las manifestantes. Se calcula que, durante las jornadas del Paro Nacional, al menos 28 víctimas denunciaron violencia sexual por parte de la fuerza pública, en todo el país. Durante esta jornada de protesta, Sebastián Quintero Múnera, un joven de 23 años, fue asesinado al recibir el impacto de una aturdidora lanzada de frente y a muy corta distancia por un agente del ESMAD.

La reacción ciudadana al caso de las agresiones sexuales a las jóvenes y el suicidio de una de ella, llevó a que ese mismo día 14 de mayo resultaran incendiadas las instalaciones de la URI de Popayán en donde fueron retenidas. El Ministro de Defensa Diego Molano, en otro intento por buscar responsables detrás del Paro Nacional y de mostrar positivos en el control del orden público, se apresuró a hacer una irresponsable acusación contra 3 jóvenes, lideres juveniles, estudiantiles y sociales de Popayán a quienes señaló de ser miembros de las “Disidencias” y actores del incendio de la URI, en un acto de persecución política que pone en riesgo la libertad y la vida de ellos.

Al cierre de este boletín, en el marco del Paro Nacional en el Cauca se registran denuncias por abusos de la fuerza pública, y ataques de civiles y/o desconocidos, la mayoría de ellas ocurridas en la ciudad de Popayán. Entre estas vulneraciones a los DDHH se registraron 13 casos relevantes o graves con 33 víctimas individuales y 4 casos colectivos; 12 de estos casos ocurrieron en la ciudad de Popayán y 1 caso en el municipio de Villa Rica.

Aunque las movilizaciones decrecieron en concurrencia e intensidad en el departamento, al igual que en el resto del país, el Paro Nacional aún no ha llegado a su final. Las organizaciones sociales del departamento han proyectado agendas de trabajo internas que contemplan escenarios asamblearios para compartir los logros y trazar estrategias para persistir en las luchas sociales hasta que el Gobierno Nacional cumpla los mandatos populares. Además, las organizaciones del departamento asistirán a la Asamblea Popular Nacional en Cali del 17 al 20 de julio donde quienes no se sienten representados plenamente por el Comité Nacional del Paro se reunirán a establecer las bases de un movimiento de relevancia nacional.

 

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HUMAN RIGHTS AND MOBILIZATION IN CAUCA

Historically, in the department of Cauca, indigenous peoples, Afro-descendants and peasants have consolidated a grassroots social movement with national relevance, which reaches prominence in times of protest, mobilization and struggle. In this territory, the National Strike main characters are groups of young people, women, indigenous people, peasants and Afro-descendants who have mobilized in the fields and cities of the department claiming their rights, in the context of one of the most intense economic, social and humanitarian crises that the country has experienced in recent years.

The worsening of the armed conflict in the department and the consequences of the National Government’s mismanagement of the humanitarian crisis caused by COVID-19 have deepened the social problems that the department has historically faced. The reasons why Caucans have taken the streets and roads to demonstrate are many and varied: the violence generated by the presence of legal and illegal armed actors, the health system crisis, the tax reform, youth unemployment, the National Government’s announcement of the resumption of spraying with glyphosate, the failure to implement the Peace Agreement and the assassination of social leaders, are just a few of them.

Even before the beginning of the National Strike, the Regional Indigenous Council of Cauca -CRIC- (Consejo Regional Indígena del Cauca)  had initiated mobilizations, declaring an Indigenous Minga inward, due to the murder of Sandra Peña, governor and environmental leader of the Resguardo La Laguna, municipality of Caldono.  In Popayán, capital of the department, the demonstrations were massive, with the gathering of women, indigenous people, peasants, students, unions and social organizations; however, during the days of protest there were excesses by the public force and serious violations of the human rights of the demonstrators.

During the first day of protest, on April 28, at least 30,000 people were mobilized; physical aggressions by the Mobile Anti-Riot Squad (ESMAD) were reported, leaving 23 people injured and 4 arrested. Groups of demonstrators moving along the department’s highways on their way to Popayán to join the mobilization were attacked with tear gas and bullets. In addition, at the concentration points established in the municipalities of El Cairo, Cajibío and El Tablazo, Toribío, there were intimidations by the National Army and helicopter overflights. Social organizations denounced the use of bladed weapons (machetes) by the National Police to attack demonstrators. It should be noted that on June 3, following a tutela2 action, the Tenth Mixed Administrative Court of Popayán prohibited the ESMAD from using the Non-Lethal Ammunition Launching System «Venom» in this city, with the purpose of protecting the integrity of the demonstrators.

On May 12, two young women under 17 years of age denounced having been victims of sexual violence in the city of Popayán by members of the security forces. One of the cases gained national recognition after the suicide of one of the girls, after being a victim of sexual aggression by ESMAD agents during her detention in the Immediate Reaction Unit -URI- (Unidad de Reacción inmediata). The facts were narrated and denounced by the young woman in her social networks, before making such a regrettable determination.

As a response, on May 14, the streets of Popayán were filled with outraged people demanding justice in the case of the young woman and demanding an end to police repression and gender violence by the ESMAD and the police against the demonstrators. Over the course of the National Strike, at least 28 victims have alleged sexual violence by the security forces throughout the country. On this day of protest, Sebastián Quintero Múnera, a 23 year-old young man, was killed when he was hit by a stun gun thrown from the front and at very close range by an ESMAD agent.

The public reaction to the case of the sexual aggressions against the young women and the suicide of one of them, led to the burning on that same day, May 14, of the facilities of the Immediate Reaction Unit of Popayan where they were held. The Minister of Defense Diego Molano, in another attempt of the government to look for responsibles behind the National Strike and to display results in the control of public order, rushed to make an irresponsible accusation against 3 young men; youth, student and social leaders of Popayán whom he pointed out to be members of the «Dissidences» and perpetrators of the fire, in an act of political persecution that puts their freedom and lives at risk.   

As of the closing of this newsletter, within the framework of the National Strike in Cauca, there were complaints of abuses by the security forces and attacks by civilians, most of which occurred in the city of Popayán. Among these human rights violations, 13 serious cases were reported with a balance of 33 individual victims and 4 collective cases; 12 of these cases occurred in the city of Popayán and 1 of them in the municipality of Villa Rica.

Although the mobilizations have decreased in number and intensity in the department, as in the rest of the country, the National Strike has not yet come to an end. The social organizations of the department have projected internal agendas that envisage assembly scenarios to share the achievements and outline strategies to persist in the social struggles until the National Government complies with the popular mandates. In addition, organizations from the department will attend the National Popular Assembly in Cali from July 17 to 20, where those who do not feel fully represented by the National Strike Committee will meet to advance the basis of a movement of national relevance.